La corrupción derivada del urbanismo salvajes es un nuevo factor de riesgo para la seguridad ciudadana, sobre todo en los municipios costeros de Alicante. Esta es la conclusión más destacada de la comparecencia de tres catedráticos expertos de Derecho Penal en la comisión especial de estudio sobre seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas. Los profesores rechazan un endurecimiento de las penas como fórmula para combatir los delitos urbanísticos, y abogan por juzgados especializados dotados con brigadas policiales también especiales.
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