Hasta trece certificados ha pedido el Ayuntamiento de Palma de Gandia a algunas de las formaciones que han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, que prevé la urbanización del sector Jovada-Quintanes. Algo inusual en este tipo de procesos, al que últimamente se enfrentan muchos consistorios de la Safor.
M. C./ PALMA
Primero el Bloc, luego el Grup d’Estudis Mediambientals de la Safor, después la asociación Samaruc-Ecologistes en Acció y ahora la Plataforma pels Pobles de la Safor. El proceso de alegaciones al PGOU de Palma de Gandia está siendo el cuento de nunca acabar. Más de uno debe estar ahora arrepintiéndose de haberse dirigido al Ayuntamiento de Palma para protestar contra el proyecto de campo de golf planteado en el término. Estatutos, actas, partes de registro... y hasta sentencias de la otra punta de España. Todo es poco para justificar la existencia de una asociación, la militancia en un partido político o el cargo que ejerce una persona dentro de una organización. O al menos eso piensa el alcalde de Palma, el socialista Joan Sapena, a juzgar por los interminables requisitos documentales que deben adjuntar aquellos que aleguen al proyecto. Todo comenzó hace casi un mes, cuando el Bloc presentó once alegaciones a la modificación del PGOU del municipio, por considerar “desmesurado e injustificado” el crecimiento poblacional que plantea el campo de golf proyectado en el sector Jovada-Quintanes. A los pocos días, el secretario del Bloc de la Safor, Felip Pastor, recibió un escrito de Sapena en el que le solicitaba que presentara una larga serie de documentos para aceptar sus alegaciones. Acusaciones El Bloc respondió duramente ante la actitud del alcalde, que calificó de “antidemocrática”, y le acusó de poner trabas en el proceso de alegaciones. Lo mismo sucedió con las enmiendas al PGOU del Grup d’Estudis Mediambientals. Y también con las presentadas por Samaruc-Ecologistes en Acció. Ambas formaciones afirmaron que el alcalde “quiere silenciar a los ecologistas, que ponen sobre la mesa el problema en el suministro de agua que supondrá el nuevo PGOU”. La última agrupación en enfrentarse a los trámites burocráticos del Ayuntamiento de Palma ha sido la Plataforma pels Pobles de la Safor. Sus portavoces lamentaron ayer “la actitud obstructiva del alcalde, que nos ha solicitado trece documentos para acreditar la representación”. La Plataforma ya ha contestado al escrito del Consistorio y no ha presentado siete de los certificados solicitados “porque las normas administrativas en la materia que nos ocupa no los exigen”. Diferente fue la respuesta del Bloc, quien llegó a acudir al su secretario general Enric Morera para cumplir con las exigencias de Palma. La respuesta: Morera debía justificar su autoridad en el Bloc para presentar alegaciones. ¿A quién debe recurrir el nacionalista si no hay nadie por encima de su cargo? Pues a los máximos responsables, pero del Partido Socialista. El Bloc de la Safor optó por “chivarse” del comportamiento del alcalde de Palma y envió toda la documentación al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y al secretario de Organización del PSOE a nivel estatal, José Blanco. Por el momento, no han recibido contestación.
(Las Provincias. A la fotografia, Joan Sapena, alcalde de Palma de Gandia).
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