Un informe considera insostenible el modelo de macrourbanizaciones.
La popularización de los campos de golf en la Comunidad Valenciana no llegó de la mano de la demanda interna sino del boom urbanístico vivido en la última década. Por ello, el grueso de los proyectos ha estado, y sigue estando, unido a la construcción masiva de viviendas.
Si embargo, esta propuesta es, según revela un estudio, insostenible por la fractura territorial y social que conlleva y el despilfarro de recursos hídricos (una casa de estos complejos consume de cuatro a seis veces más agua que una tradicional). Según sus datos en una ciudad compacta el consumo medio, en el tercer trimestre del año, ronda los nueve metros cúbicos por abonado y mes. Sin embargo, en urbanizaciones con jardín y campo de golf en el mismo periodo el consumo se dispara entre 25 y 40 metros cúbicos por abonado y mes. Según el informe, en urbanizaciones extensas, con jardines individuales, puede llegar hasta 55 metros cúbicos de agua de consumo mensual.
Con todo, la apuesta por esta fórmula urbanística (campo de golf con su respectiva macrourbanización a la sombra) está vigente en el ideario empresarial. Prueba de ello son las recientes declaraciones del presidente de la patronal alicantina, Modesto Crespo. El patrón defendía hace una semana que los campos de golf "normalmente precisan de PAI".
Sin embargo, los tiempos han cambiado y el parón de la construcción, pero también la apuesta por la cohesión territorial y el respeto a la sostenibilidad medioambiental lleva a cuestionar el modelo. A ello hay que añadir que el único factor inmutable es el déficit hídrico que sufre buena parte del territorio valenciano y que le obliga a depender aportes ajenos a sus recursos naturales para evitar restricciones. En esta línea, un estudio sobre el impacto territorial de los campos de golf y las operaciones asociadas en la Comunidad Valenciana y Murcia, elaborado por la Universidad de Alicante por encargo de la secretaría de Estado para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, propone reorientar la apuesta.
El informe, dirigido por el catedrático de Urbanística de la UA, José Ramón Navarro, y por el profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio, Armando Ortuño, estima que en la Comunidad Valenciana hay alrededor de un centenar de campos de golf proyectados, tramitándose o en ejecución, según datos de mayo de 2007. Y prácticamente todos ellos asociados a la construcción de viviendas. Esta cifra supondría del orden de medio millón más de casas con capacidad para un millón de personas. El documento detalla que, de media, estos proyectos ocupan una superficie de entre 250 hectáreas y 300 hectáreas y en ellos se prevén entre 2.500 y 3.500 viviendas. El campo de golf, de 18 hoyos, suele ocupar 50 hectáreas. Son, como resume Navarro, "piezas enormes con un fuerte impacto territorial". Instalaciones, subrayan los directores del informe, concebidas como "ciudades privadas" que crean una "fractura territorial y social".
El informe destaca que un campo de golf medio con viviendas puede elevar la población de un municipio hasta en un 200%, lo que afecta a la línea de la flotación de los servicios públicos.Los servicios que demandan especialmente se refieren al apartado sanitario porque los analistas han detectado que la edad media de los propietarios de las nuevas viviendas es de 50 años y que más del 40% son jubilados. La utilización del vehículo privado, por otro lado, es mucho más intensiva en este tipo de viviendas diseminadas. La posesión del vehículo privado es de 700 por cada mil habitantes, cuando esta proporción es la mitad en una ciudad de tamaño medio. Capítulo aparte precisa el problema de los recursos hídricos.
Los expertos Navarro y Ortuño insisten en que el "problema" no es el riego del campo de golf, para el que se recurre a las aguas depuradas principalmente y en menor medida a la desalación, sino el agua que consume el parque de viviendas. Los directores del estudio, de hecho, han recopilado datos que indican que el consumo de agua de estas viviendas es entre cuatro y seis veces superior al de una casa en una población tradicional. A ello hay que sumar "los caudales de agua generados por la demanda inducida por los nuevos servicios y equipamientos" y que pueden elevar la demanda a un tercio más.
Navarro y Ortuño insisten en "que no es cierto que para que el campo de golf sea viable económicamente se necesitan las viviendas, sino que ocurre al revés y es el campo de golf el que actúa de tractor de demandas". Los dos académicos critican que en la Comunidad Valenciana se carece de una estrategia territorial y ambiental "coherente" para localizar los campos de golf, que se construyen según la decisión de la iniciativa privada. Explican también que aunque la ley de golf autonómica "aporta contenidos válidos" presenta "importantes debilidades". Así, por ejemplo, la ley prohíbe "expresamente" los proyectos de viviendas con campos de golf (los que hay son anteriores) pero también da la posibilidad de situar operaciones residenciales "pegadas" al campo.
Los profesores defienden igualmente que un campo de golf "sin aporte masivo de viviendas, bien proyectado, bien localizado y bien gestionado ambientalmente" puede contribuir a revitalizar municipios pequeños y medianos siempre que el complejo no esté segregado del núcleo urbano, que la actividad deportiva se integre en la del municipio o que el emplazamiento no destruya suelo agrícola de calidad como sucede en el 80% de los campos de golf analizados. En la Comunidad Valenciana había a mediados del año pasado 22 campos de golf.
Navarro y Ortuño proponen un cambio de modelo porque el actual es "insostenible" ya que va a generar unos costes "difíciles de asumir". Para ello es preciso una política "más vigorosa" desde el punto de vista territorial que no continúe apostando por los proyectos de campo golf asociados a una "oferta masiva de viviendas".
Los autores, por el contrario, creen que una vía de trabajo viable sería que ganarán peso los complejos asociados a resorts hoteleros, que generan más riqueza y tienen menos impacto territorial y medioambiental. Y, por último, apuestan por los campos públicos de nueve hoyos (durante su análisis han comprobado que los deportistas reclaman campos de golf públicos), que permiten que se instalen un número mayor que compensan "la creación de riqueza en todo el territorio". En la actualidad, el único campo de golf público en la Comunidad Valenciana se construyó en 1960 en Castellón.
Urbanizaciones con campos de golf
- Consumo de agua. El gasto medio de una vivienda es de 9 metros cúbicos por abonado y mes. En una urbanización con campo de golf con viviendas con jardín se llega a 55.
- Impacto territorial. Un campo de golf de 18 hoyos ocupa 50 hectáreas. Con la urbanización se llega a 300. Ahora hay 100 campos de golf proyectados, en trámite o en ejecución.
- Transporte. En las urbanizaciones, el número de coches, 700 por cada 1.000 habitantes, duplica al de las ciudades.
Font: El País (20-04-2008).
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